Según ha informado la asociación Taxi Project, la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado, el órgano dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, encargado del desarrollo de actuaciones informativas, de inspección y control y, en su caso, la imposición de sanciones, ha abierto actuaciones inspectoras a las empresas Maxi Mobility (Cabify) y a Uber después de que Taxi Project presentara el pasado mes de abril varias reclamaciones tanto contra la misma Cabify como contra Uber por vulnerar los derechos de las consumidoras y consumidores entre otras cuestiones.

En declaraciones a este medio, los taxistas explican: «El pasado mes de abril, desde Taxi Project presentamos varias reclamaciones ante las autoridades de Consumo tanto de Madrid, como de Barcelona y Bilbao mediante un informe elaborado por nuestro equipo y en el que señalamos que, en los contratos tanto de Uber como de Cabify, se vulneran y se incumplen decenas de preceptos tanto en normativa de derechos de consumidores y usuarios, así como en la de servicios de la sociedad de la información, en protección de datos o en precios».

«En un primer momento, las reclamaciones fueron presentadas ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, entendiendo que era el primer paso para poner en conocimiento de la administración estas prácticas. Una vez valorada nuestra denuncia, el organismo autonómico a determinado remitirlas a la Inspección donde de prosperar la demanda, Cabify en este caso se expone a una importante multa que incluso podría acarrear otras consecuencias por vulnerar los derechos de los clientes».

Por último, desde Taxi Project recuerdan que esta es sólo la primera de una serie de denuncias que siguen en trámite y que como indicábamos, se han presentado en varias Comunidades autónomas y que de ser favorables a los taxistas, podrían influir en todo el estado e incluso en Europa, al tratarse cuestiones también relacionadas con directivas.

«Es muy importante seguir realizando estas acciones en las que los taxistas seguimos demostrando con rigor, con hechos y con pruebas el perjuicio que suponen estas empresas para los ciudadanos» y advierten «Estamos en un momento vital para el futuro del sector del taxi, tanto en el estado con la llegada en pocos meses de la aplicación decreto Ábalos, como en la Comunidad de Madrid donde estamos trabajando con dos equipos para tratar el anteproyecto presentado con la Consejería de Transporte como en Europa, con las recomendaciones para liberalizar el transporte del la Comisión ante la presión del «lobby» formado por Free Now, Uber y Cabify y en las que el trabajo de Taxi Project está sirviendo de herramienta de defensa para los partidos de la eurocámara que luchan por los servicios públicos y por los intereses de todas y de todos y no sólo de unos pocos».

 



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