Madrid, 10 de Marzo 2022: En el día de hoy, hemos tenido conocimiento de que la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado, órgano dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo encargado según la normativa vigente en «La inspección y el control del mercado de bienes, productos y servicios de consumo, la adopción de las medidas necesarias para la protección de los consumidores y el diseño y la ejecución de las campañas de control de mercado y de seguridad de productos de consumo», ha abierto un expediente de Inspección a las empresas Uber y Cabify a raíz de una reclamación presentada por Taxi Project. 

Inicialmente, Taxi Project presentó el pasado año, varias reclamaciones en los diferentes organismos de Consumo, en ciudades como Madrid, Bilbao y Barcelona denunciando que las condiciones contractuales de los servicios de transporte prestados por Uber y por Cabify vulneran decenas de artículos contemplados tanto en normativas estatales como a nivel europeo de cuestiones como derechos de los Consumidores y Usuarios, Protección de Datos, Precios e incluido Servicios de la Sociedad de la Información.

En el caso de la Comunidad de Madrid, una vez presentada la denuncia por la asociación de taxistas ante la Dirección General de Comercio y Consumo, ésta la ha dado traslado al organismo correspondiente, en este caso y como explicábamos, ante la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado, la cual en este momento está tramitando su expediente para determinar que medidas tomar. Por último recordar que según el BOCM del 12 de noviembre del pasado 2021, la Dirección General de Comercio y Consumo de la que depende la mencionada Subdirección General de Inspección de Consumo, dispone de competencias en el ejercicio de la potestad sancionadora y del resto de funciones atribuidas a la Comunidad de Madrid en materia de protección de los consumidores. 

Por último, desde Taxi Project creemos que, pese a que este procedimiento se presentó mucho antes de la presentación del Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, (la polémica ley Ómnibús) donde se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid y que a día de hoy, se ha considerado por la Consejería de Transportes tramitarlo de manera independiente, creemos que con este procedimiento ante Consumo estamos ante una prueba más que demuestra el perjuicio que supone para todas y todos los ciudadanos que la Comunidad de Madrid permita que miles de vehículos sigan circulando de manera ilegal, una vez llegue el próximo mes de octubre, fecha en la que se debe de aplicar el denominado Decreto Ábalos, con el fin de ordenar el transporte de nuestras ciudades.



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