Julio Sanz, presidente de ANTAXI: «El taxi es una de las modalidades de transporte más rigurosa y exhaustivamente regulada»



Sanz incide en que es más preocupante el intrusismo que viene de fuera del sector del taxi y que las autoridades deben hacer frente a la competencia «desleal e ilegal» en beneficio de la seguridad del usuario

“Hay muchos aeropuertos atendidos por diferentes municipios y se trata simplemente de modular la oferta y la demanda”, señala Julio Sanz, presidente de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), en una entrevista en exclusiva para Tourinews. Sanz, además, es presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid.

Recientemente, la Justicia ha procesado a un grupo de taxistas conocido como “la mafia del taxi” de Sevilla que, según la sentencia, utilizaba “medios coactivos y vandálicos” para mantener el monopolio de la parada de taxis del aeropuerto de la ciudad. Según Julio Sanz, esta situación es “un caso puntual” que no es extrapolable al resto de aeropuertos de España y asegura que “es más preocupante el intrusismo que viene de fuera del sector del taxi”, en forma de otras modalidades de transporte.

Pregunta (P): ¿Qué es Antaxi?

Respuesta (R): Sus siglas corresponden a la Asociación Nacional del Taxi y es una asociación que se fundó hace unos ocho años y que ahora mismo tiene el orgullo de representar a un gran porcentaje de taxistas a nivel nacional. Prácticamente, están integradas casi todas las comunidades autónomas y unos 40.000 taxistas. Ocupamos la presidencia de la sección Taxi en el Comité Nacional de Transporte y un puesto también en el Consejo Nacional de Transporte Terrestre.

P: ¿Cuál es la regulación actual de los taxis en España?

R: El taxi es una de las modalidades de transporte más rigurosa y exhaustivamente regulada. Nos afectan normativas de carácter nacional, como la Ley de Ordenación del Transporte, el reglamento que desarrolla esa ley y todas sus modificaciones. A nivel de las comunidades autónomas, cada una también tiene sus respectivas leyes de transporte y sus reglamentos que las desarrollan. Pero es que, además, a nivel municipal, las ordenanzas reguladoras del servicio del taxi también afectan directamente y regulan la actividad en todas sus materias. Esa excepcionalidad en la normativa y esa rigurosidad procuran una calidad del servicio y un rosario de derechos y garantías para los usuarios, que es nuestra razón de ser. Y luego, también existen diferentes regulaciones para las diversas modalidades como el taxi rural, el taxi de alta montaña, el taxi turístico… El taxi es una modalidad de transporte pública y de interés general, lo determina el Tribunal Supremo, y en esa labor de servicio público desarrollamos en España del orden de 70.000 autorizaciones y más de 100.000 familias viven directamente del taxi.

P: ¿Quién decide las tarifas del taxi para trasladar a los turistas hasta o desde el aeropuerto?

R: En beneficio de los usuarios, las tarifas no las deciden los taxistas. Anual o periódicamente, según las respectivas comunidades autónomas, se remite un informe de los ayuntamientos con la audiencia de las asociaciones –que tienen carácter consultivo, no determinante–. Los ayuntamientos emiten ese informe a la Comisión de Consumo y a la Comisión de Precios de la comunidad autónoma y es la dirección de Consumo la que establece y autoriza los precios de los servicios públicos del taxi. En este caso, la Comisión de Precios está compuesta por representantes de asociaciones de vecinos, sindicatos y miembros de las diferentes consejerías. Después de eso, se aprueban las tarifas que, en algunos casos, se pueden definir como una tarifa fija –con origen y destino en algunos centros de mucha afluencia, como los aeropuertos– y otras que no son fijas, sino que están reguladas por el taxímetro, que es un elemento de precisión con unas garantías muy rigurosas y unos controles de seguridad fundamentales para que el usuario sepa verdaderamente lo que se paga. Esa garantía hace que no tengamos precios hostiles en función de la demanda, el día o las inclemencias atmosféricas.

P: ¿Y quién decide dónde hay tarifas fijas para trasladar a los turistas desde los aeropuertos, por ejemplo, a cualquier otro punto de la ciudad?

R: Esto depende de las respectivas comunidades autónomas y de los ayuntamientos. En este caso, Madrid es un ejemplo, pero hay otras muchas ciudades que tienen establecida una tarifa fija al aeropuerto y del aeropuerto a una determinada zona. Esa tarifa es una media de determinados recorridos y promueve eliminar suplementos o recargas en el precio. Lo que nosotros percibimos es que los usuarios están muy satisfechos con esas tarifas. A los turistas, sobre todo extranjeros, que llegan al aeropuerto les da seguridad saber que existe una tarifa fija.

P: ¿Cómo se gestionan las paradas y el permiso para recoger a los clientes en el aeropuerto?

R: Los taxis tienen delimitada su zona de carga y descarga de viajeros y normalmente el servicio se desarrolla muy bien. El problema surge cuando determinadas modalidades de transporte pretenden hacer un servicio de traslado de viajeros “piratas”, como se denomina coloquialmente, sin estar regulados para ello. Todos los taxis de España tienen una doble autorización: su licencia municipal y su visado de transporte, que otorga las comunidades autónomas por delegación del Estado. Esa doble autorización nos da la oportunidad de trabajar con tarifas reguladas, tiempos regulados, condiciones y garantías para el usuario. Cuando la actividad que pretende realizar otra modalidad de transporte está exenta de normativa o incumpliendo las normas más básicas, se da una competencia totalmente desleal e ilegal que las autoridades deben corregir, fundamentalmente, en beneficio de la seguridad del usuario.

Tourinews

 



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