La clave en la que se centra el Tribunal para anularlo radica en la participación de Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. «Resulta sumamente significativo que el único control previsto sobre las resoluciones elaboradas por Ineco consistiera en un simple muestreo», asegura el TSJM en las diversas sentencias que ha hecho públicas en las últimas semanas. En este sentido, confirma que la actividad administrativa propia de los procedimientos de indemnización «fue sustraída a los funcionarios públicos de la Dirección General de Transporte Terrestre, a quienes correspondía toda su tramitación».

Esto lleva, según reza en varias de las sentencias consultadas por La Información, a apreciar «vicio de nulidad radical en todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por Ineco» en la tramitación de los procedimientos de este caso. De esta forma ‘tumban’ todas las decisiones, que implica a miles de licencias VTC en Madrid, y ordena la retroacción del procedimiento administrativo hasta el momento de la presentación de la solicitud. Los dueños de las licencias no tendrán que presentar de nuevo toda la documentación para obtener una respuesta de la administración. Esta decisión puede ser recurrible ante el Tribunal Supremo.

Esa es la victoria. Pero tras la cara, hay una cruz. Uno de los primeros objetivos del sector de la VTC era declarar inconstitucional esta norma. La única manera era acudir a los tribunales superiores de las comunidades para pedir una cuestión prejudicial. En todas estas demandas que ahora han sido contestadas por la Sala de lo Contencioso madrileña se planteaba, en primer término, esa inconstitucionalidad. Sin embargo, el TSJM entiende que desde el momento en el que se ha estimado el defecto de procedimiento administrativo por la participación de Ineco en las tramitaciones «no procede examinar el fondo del asunto haciendo que el planteamiento de la cuestión (prejudicial) sea meramente hipotético». No entra el fondo y, por tanto, no recurre al Tribunal Constitucional.

Dado que este es un sector especialmente judicializado en los últimos años, las demandas se han ido presentando en los tribunales de las diferentes comunidades autónomas. Esta posición de la Sala de lo Contencioso en Madrid es la primera en el territorio con más licencias de España. El resto aún no se ha pronunciado formalmente. Según las últimas estadísticas, precisamente del Ministerio de Transportes, esta comunidad concentraba prácticamente la mitad de las 17.600 autorizaciones ‘vivas’ que había a comienzos de este mes de enero.

La ‘espada de Damocles’

Como telón de fondo sigue estando la regulación de este tipo de licencias. Pese a que esta es una victoria en los tribunales, la realidad es que desde las grandes plataformas como Uber y Cabify y los grandes gestores de flota han exigido que se regule por parte de las comunidades autónomas y así se evite que los permisos solo puedan ser utilizados para trayectos interurbanos -lo que los dejaría prácticamente en desuso-. En Madrid se ha desatado una guerra entre el taxi y la propia Comunidad de Madrid después de que esta publicara el 23 de diciembre el Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y que incluía la modificación de la Ley de Transportes para obtener esta regulación.

Otras comunidades como Andalucía ya han dicho que también la abordarán. El taxi exige que se mantenga como está para así diferenciar el servicio de la VTC del suyo y reducir la competencia. Mientras tanto, el Tribunal Supremo va a dilucidar ahora una nueva cuestión que no ha estudiado. Analizará si las asociaciones o federaciones del taxi tienen «legitimación activa» para recurrir la concesión de autorizaciones VTC por el eventual incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa. Así lo deja claro en un auto publicado hace un par de semanas tras una demanda interpuesta por la Federación Profesional del Taxi de Madrid.

La Información



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