“De manera cobarde, con nocturnidad y alevosía”. De esta forma tan contundente calificaba hace menos de un mes la Federación Profesional del Taxi de Madrid, organización mayoritaria del sector del taxi en la capital con más de 6000 taxistas, la última reunión del sector con los responsables del consistorio madrileño liderado por el popular José Luis Díaz-Almeida, en la que ni en la misma convocatoria, los responsables del Ayuntamiento informaban los temas a tratar a los representantes de los taxistas.

Un encuentro marcado por un secretismo que finalmente se reveló con la intención de liberalizar el sector eliminando la regulación horaria, lo que supone la aniquilación total del la mayoría de los trabajadores y trabajadores del taxi, siguiendo la estrategia de acoso y derribo que el PP. Tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid lleva intentando ejecutar contra los taxistas estos últimos años para favorecer los intereses tanto de la parte empresarial del sector (parte minoritaria siendo poco más del 10% del total) como de las multinacionales extranjeras Free Now, Uber o Cabify, empresas que si bien llevan años atacando a los taxistas, han aprovechado la pandemia para intentar introducirse en el taxi, intentando a su vez ajustar el sector a su modelo de negocio precario y explotador gracias al gobierno de Martínez Almeida.

Medidas que suponen aparte de un verdadero drama para las miles de familias que viven del sector del taxi en Madrid que podrían verse sometidos a estas empresas, un perjuicio muy grande tanto para la movilidad y la sostenibilidad de la ciudad, ya que estamos hablando de que el PP pretende permitir la circulación de miles y miles de vehículos durante las 24 horas del día. 

Una irresponsabilidad por parte del PP de la capital y de su alcalde que puede afectar de manera muy grave a todas y todos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid.

Y todo planeado como indicaba con un único objetivo: acabar con la trabajadora y el trabajador autónomo del taxi, (casi un 90% de los taxistas en Madrid) para beneficiar los intereses de estos grandes buitres y pasando por encima de la mayoría del sector que se ha posicionado en contra del Ayuntamiento, estando representada de manera oficial tanto por la misma Federación Profesional como por Élite Taxi Madrid con un porcentaje cercano al 60%. 

Es más, aparte de la eliminación de las restricciones horarias, desde el Ayuntamiento de Almeida también han eliminado varios de los requisitos más importantes para poder obtener el permiso municipal, algo que puede ser el fin de la profesión de taxista, y que ha denunciado la misma Élite Taxi: «Ahora comprendemos porqué este Ayuntamiento pretende rebajar los requisitos para la obtención de la cartilla municipal, que no es otro que las asociaciones que solicitan la vuelta a las 24 horas puedan nutrirse de conductores dando igual la formación, la experiencia y capacitación de los mismos».

Es que es tan descarada la obsesión del Ayuntamiento por acabar con el taxi que , el pasado mes la web municipal Madrid Destino se dedicó a hacer publicidad del servicio VTC, y atacando con mentiras y  comentarios negativos al sector del taxi, hecho por el cual, desde la asociación Taxi Project, a la que yo mismo represento hemos presentado una reclamación ante el Defensor del Pueblo.

Hablando claro, Almeida se pasa por el forro sin ningún pudor a los representantes de los trabajadores y trabajadoras de un servicio municipal tan importante para Madrid como es el taxi intentando acabar con la profesión, única y exclusivamente con el fin de beneficiar a las grandes empresas, creando una sobreoferta del servicio de manera artificial para acabar con el autónomo, el cual supongo que desde el PP, creerán que es el eslabón más débil de la cadena, siendo esta una situación muy similar a la vivida el pasado año, cuando el mismo Ayuntamiento, se negó a seguir regulando el servicio de taxi ante la falta de clientes como clamaban desde el sector, obligando a miles de taxistas a estar literalmente “tirados” por las calles de Madrid con las consecuencias tanto económicas como psicológicas que ello acarreó en ese momento para los trabajadores, deambulando durante horas o siendo multados por la policía, cuestión que fue denunciada ante el Defensor del Pueblo dando una vez más la razón a los taxistas.

Es más, aparte de lo esto hemos visto cosas tan lamentables por parte del consistorio como al Concejal de Movilidad del Ayuntamiento compadrear sin ninguna vergüenza con el director de Uber en una charla sobre el impacto del COVID-19 a la movilidad, hemos presenciado también cómo han metido en el cajón la Ordenanza de Carmena, (petición de la mayoría del sector después de una huelga de 19 días) para sacarse de la chistera una norma nueva y ajustarla tanto a la imagen y semejanza de lo que piden las empresas como de un Reglamento autonómico (también regalo del PP de Garrido como venganza de esa misma huelga) tumbado del mismo modo por los taxistas ante la justicia por ser una chapuza hecha con prisas (los jefes cuando meten presión ya se sabe…)

Por otra parte, también hemos denunciado a la Comunidad de Madrid por adjudicar a dedo y con un importe que entendemos «bastante abultado» varios contratos de transporte sanitario a Uber, empresa que no aporta a las arcas públicas al tener su sede fiscal de Holanda y que de igual manera, a día de hoy está siendo investigada por la Fiscalía de Delitos Económicos por dejar de pagar millones de euros en concepto de IVA, ninguneando de esta manera a los miles de taxistas que realizaron más de 135.000 traslados de sanitarios durante los momentos más duros de la pandemia.

Por último acabamos de enterarnos hace pocos días de que el Supremo acaba de admitir a trámite un recurso presentado también por la Federación Profesional del Taxi contra la Comunidad de Madrid por la supuesta concesión irregular de decenas de autorizaciones de vehículos VTC y en cuanto al PP se refiere, ya se sabe, blanco y en botella: Corrupción.

Y ahora esto, una liberalización del sector como ataque al corazón de miles de trabajadoras y trabajadores y del servicio público, del servicio de todas y todos.

Reseñar que el caso de la Comunidad de Madrid es más flagrante si cabe ya que, dentro de menos de 8 meses se debería comenzar a aplicar el decreto Ábalos ( norma por la cual más miles de VTC deberían de dejar de realizar trayectos urbanos en la Comunidad de Madrid, ajustándose de este modo lo máximo posible a la proporcionalidad entre taxis y VTC declarada como procedente por el Tribunal Supremo en el 2018 y en base a la directiva europea 123/2006) cómo está sucediendo en otras ciudades ( Barcelona de Ada Colau), mientras que el PP y Ciudadanos primero con Garrido y ahora nos consta a algunas asociaciones que con el gobierno actual, está intentando que esto no suceda, metiendo por la puerta de atrás miles de autorizaciones de vehículos VTC que a partir de octubre deberían ser ilegales y a las que de igual manera, ya se les ha indemnizado por parte del gobierno español.

Como se puede comprobar no hay nadie que pare a Ayuso cuando se trata de defender los intereses de las empresas y de sus inversores para acabar con el futuro de como indicaba al principio, miles de familias que viven del sector del taxi en la Comunidad de Madrid.

De este modo es como se acaba con un servicio público. Un servicio por y para todos y que de seguir así, pronto será sólo para unos pocos. Y no será el único. Es complicado contenerse a la hora de describirlo pero esto es una prueba de que la derecha, de que el PP en Madrid no tiene ningún escrúpulo a la hora de utilizar las instituciones que son de todas y de todos para beneficiar a unos pocos, legislando a discreción como le mandan un par de multinacionales y perjudicando al interés general, a las trabajadoras y trabajadores y a nuestras ciudades sólo para beneficiar a unos pocos que mueven sus hilos.    

Es muy importante denunciarlo pero ahora es más importante todavía tomar nota y ser consecuente. 

Por último, es evidente que el PP pretende que para cuando les ganemos en los juzgados, el daño ya esté hecho, como hicieron con la venta de vivienda pública a fondos buitres o como cuando vendieron el 010 a Ferrovial o como cuando lanzan bulos en sus medios afines contra partidos como Podemos o como cuando Ayuso miente sobre el supuesto boicot del Zendal. Por poner ejemplos…La lista es interminable.

Son unos verdaderos mercenarios del poder y enemigos de lo público, pero aún así, nos tendrán enfrente, tanto a la mayoría del sector del taxi de Madrid como a la parte a la que yo mismo represento. Y claro que hay taxistas de derechas, como trabajadores y trabajadoras de nuestros barrios que votan a Vox o al mismo PP o a Ciudadanos, partidos enemigos del obrero. De hecho, si esto no fuera así yo no estaría escribiendo en medios como este. Porque la clase obrera necesita hacer una reflexión antes de que acaben con nosotras y nosotros./LUHNoticias

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