El Gobierno de Draghi contra el taxi y los servicios públicos en la nueva Ley de Competencia

Como si la pandemia no hubiera puesto de manifiesto los fallos de mercado y la necesidad de un giro radical, el Gobierno de Draghi acelera en la aprobación del proyecto de ley de competencia y mercado, una reforma puesta en marcha para acceder a los fondos europeos del PNRR.

Es un manifiesto ideológico que, detrás del renacimiento del mantra «crecimiento, competitividad, competencia», apunta a una nueva ola de privatización de bienes comunes fundamentales, del agua a la energía, de los residuos al transporte público local, de la salud a los servicios sociales y culturales.

Se trata de un ataque sin precedentes, que despropia a las comunidades locales de los bienes comunes, los derechos y la democracia y que desvirtúa el principio de subsidiariedad consagrado en la Constitución, eliminando la histórica función pública y social de los Municipios, transformados en entidades cuyo papel pasa a ser únicamente el de preparando la privatización de todos los servicios públicos locales.

Este es un ataque complementario al ya realizado con el proyecto de ley de autonomía regional diferenciada: si con este último se amplifican las desigualdades entre territorios, con las reglas de competencia se amplifican las desigualdades entre los habitantes dentro de un mismo territorio.



Al no poder contar ya con el consenso social -en 2011 la mayoría absoluta de los italianos había votado Sí en el referéndum contra la privatización del agua y los bienes comunes-, el gobierno de Draghi decidió imponer políticas liberales, aprovechando el clima de emergencia y contando con la resignación.

Ya hemos experimentado lo que significan las privatizaciones de bienes comunes y servicios públicos: descuido de los recursos naturales, empeoramiento cuantitativo y cualitativo de los servicios, aumento exponencial de tarifas, fin de cualquier control democrático sobre su gestión.

Tenemos una clara demostración de ello en las altísimas facturas de gas, electricidad y agua que han recibido las familias este invierno y principios de la primavera.

Las privatizaciones también empeoran drásticamente los derechos laborales, reduciendo el empleo y los salarios, aumentando la explotación y la precariedad, y expropiando el conocimiento social producido por décadas de trabajo público.

El servicio público del taxi, uno de los más atacados

El gobierno de Draghi parece estar del lado de los vehículos de Uber, Cabify y otros ya que esta ley ataca directamente al servicio público del taxi en toda Italia

Venimos de un periodo de emergencia sanitaria, estamos inmersos en una dramática crisis ecoclimática y en un drástico empeoramiento de las condiciones de vida de los taxistas, y ahora también en una nueva guerra dentro de Europa.

Abordar estos desafíos requiere un alto radical a un modelo social basado en el lucro, para construir otra sociedad basada en el cuidado, en la reapropiación social del servicio al ciudadano de los bienes comunes y en la gestión participativa de todos los servicios públicos.

La asociación Élite Taxi Italia hace un llamamiento en su campaña contra el Proyecto de Ley de Competencia y piden a todas las realidades políticas y sindicales, sociales y de movimiento, a todas las comunidades territoriales y autoridades locales que se movilicen para pedir la eliminación del art. 6, el cese de las medidas en materia de salud, servicios sociales, transporte, residuos, energía y la apertura de un amplio debate público sobre la gestión del agua, los bienes comunes, los servicios públicos.

Están en juego los derechos fundamentales, el derecho a una vida digna y a un futuro diferente para todas y todos. No podemos entregarlo a los índices bursátiles.

El Gobierno de Draghi contra el taxi en la nueva Ley de Competencia



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