La regulación de la VTC ha estado siempre sobre la mesa de la CNMC.

Dos consejeros rechazan la posición mayoritaria respecto a las restricciones a los vehículos que utilizan Uber, Cabify o Bolt en Valencia. Entienden que va contra de la jurisprudencia del Supremo fijada en 2018.

JESÚS MARTÍNEZ 

Seis años después, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMCse fractura en la regulación de las autorizaciones VTC frente al taxi. El consejo del organismo regulador presidido por Cani Fernández acaba de aprobar un primer requerimiento al Ayuntamiento de Valencia para que tumbe varias de las restricciones de la nueva ordenanza que acaba de recibir la ‘luz verde’. Dos consejeros, Mariano Bacigalupo y Xabier Ormaetxea, han votado en contra de esta propuesta. Entienden que la histórica sentencia del Tribunal Supremo de mediados de 2018 no respalda la visión de que cualquier restricción a este tipo de vehículos en las legislaciones implica un trato discriminatorio frente al taxi.

A finales del pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento de Valencia aprobó la modificación de la ordenanza de movilidad para regular las VTC. Como ya hicieran otros grandes núcleos como Barcelona, establece un tiempo mínimo para la precontratación de los servicios de una hora y la limitación para aparcar a menos de 300 metros de lugares de concentración de personas. Estas medidas restringían al máximo en la práctica la actividad de este tipo de vehículos que utilizan plataformas de transporte por internet como Uber, Cabify o Bolt. El objetivo de la administración es tratar de diferenciar al máximo la actividad de éstos respecto a la del taxi. Ante esta decisión, la CNMC ha reaccionado, pero ha acabado en división interna.

El pleno del consejo aprobó a mediados del pasado mes de febrero un requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo para que proceda a derogar y dejar sin efecto algunos de los apartados más restrictivos de la ordenanza, según queda reflejado en la resolución consultada por La Información. Entre ellos la mayoría entendía que obstaculizaban la competencia tanto la obligación de precontratación con una antelación mínima de una hora -uno de los plazos más altos de las regulaciones regionales que ya se han aprobado o que se han planteado- y la prohibición de aparcamiento en zonas de alta concentración, como la exigencia de que cada vez que se sustituya un vehículo de las flotas se haga por otro con la clasificación ambiental de cero emisiones.

La mayoría del consejo, formado por diez sillones entre los que está el de la presidenta y el del vicepresidente, ha respaldado que estas tres restricciones son contrarias a la competencia. Respecto a la precontratación, entiende que supone «un obstáculo injustificado para la prestación de servicios de transporte VTC». «Reduce la competencia en el mercado global de taxis y VTC, en detrimento de los usuarios finales», asegura el requerimiento. Sobre las otras dos restricciones entiende que el Consistorio se excede de lo que marca el decreto ley de la Comunidad Valenciana -que es el que marca las pautas generales para cada consistorio-.

Ante este movimiento, el consejero Mariano Bacigalupo, marido de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha planteado un voto particular desmarcándose de esta posición mayoritaria. Otro consejero, Xabier Ormaetxea, también se ha sumado. Ambos esgrimen la sentencia del Tribunal Supremo de mediados de 2018 que supuso una victoria clara para el sector del taxi, ya que respaldó que el ratio de 1 autorización de VTC por cada 30 taxis al entender que no se trataba de algo «discriminatorio» y que era «ajustado a derecho». Creen que este requerimiento aprobado por mayoría «no se ajusta cabalmente» a la doctrina impuesta por el Alto Tribunal.

Esta división se produce seis años después del ‘Informe Uber’ que acarreó una fractura importante en el consejo y la petición de dimisión de su autor

Ambos consejeros recuerdan que en esa sentencia el Tribunal lo dejaba claro. Insisten en que expresamente se rechazaba por la Sala Tercera de lo Contencioso  la «concepción» expresada por la CNMC históricamente de que el interés público está siempre ligado a la «plena desregulación de ambas modalidades de servicio de transporte para que compitan entre sí y que excluye cualquier tipo de control regulatorio destinado a asegurar el equilibrio entre ambos». En este sentido, lamentan que la fundamentación última de la mayoría del pleno reside en que someter a la VTC a requerimientos que no se aplican de igual forma al taxi constituye un trato discriminatorio y, por ende, una restricción injustificada de la competencia.

Más allá de esa visión general, los dos consejeros discrepan claramente de la impugnación del apartado que regula la prohibición de aparcamiento en superficie. Respecto a la precontratación sí que entienden que el periodo de una hora es desproporcionado por excesivo. Pero, a diferencia del criterio mayoritario de la CNMC, no cuestionan en sí el requisito, legalmente habilitado, por tratarse de una exigencia que no se aplica al taxi y que, por tanto, reduce la competencia entre ambas modalidades. «Es una opción del legislador que la CNMC no puede impugnar», apunta. Y no puede porque se trata de un decreto ley aprobado por la propia Comunidad, que sólo puede ser ‘tumbado’ en situaciones muy limitadas (con la declaración de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional como una de ellas).

Esta fractura en el pleno del consejo no es nueva en la regulación de las autorizaciones VTC en España. En el año 2016, el organismo presentó un estudio preliminar de lo que entendían en aquel entonces como ‘economía colaborativa’, donde incluían a Uber y Cabify. El documento debía ser una primera aproximación y una suerte de guía para regular. Pero generó una división interna más que evidente. Se aprobó una primera versión en la Sala de Competencia sin llegar a Pleno. Su tramitación generó un terremoto en el organismo, con la petición de dimisión de su autor, Antonio Maudes, por seis de los diez consejeros. Finalmente ese documento no acabó viendo la luz. Ahora, de nuevo queda patente una ‘grieta’ en el máximo órgano de decisión por un asunto vinculado a la desregulación del mismo sector./Información

   

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