Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, dirigiéndose a sus compañeros en enero de 2019, en los tiempos del decreto del Govern que expulsó a Uber de Barcelona /TONI JAIMEZ (ACN)

La Autoritat Catalana de la Competència investiga posibles «prácticas agresivas o actos de denigración» para que los taxistas del área metropolitana no trabajen con la multinacional

Carlos Márquez Daniel

La Autoritat Catalana de la Competència (Acco) ha incoado un expediente sancionador a dos asociaciones de taxistas de Barcelona a las que se investigará por un supuesto boicot al tercer intento de Uber de operar en la capital catalana. Se trata de Élite Taxi y Taxi Project 2.0, y según este organismo, su actitud respecto al desembarco de la multinacional, que en esta ocasión intenta funcionar como plataforma de taxis, «podría constituir una conducta anticompetitiva» que incluye «prácticas agresivas y actos de denigración, incitando a los taxistas asociados y al resto de taxistas del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) a que no se adhieran a Uber o a darse de baja del servicio».

Si Agbar va contra Ada Colau, Uber va contra Tito Álvarez, portavoz y ‘alma mater’ de las dos entidades demandas. Esa es un poco la tesis del taxi. Es decir, se trataría de descabezar a la persona que obstaculiza un objetivo. En este caso, el de poder desplegar en la ciudad toda la maquinaria de esta multinacional que tuvo que olvidarse de las licencias de alquiler de vehículos con conductor (VTC) tras el decreto aprobado por el Govern en 2019, que imponía condiciones que eliminaban todo atisbo de rentabilidad al invento.

Dos años después, Uber volvía a Barcelona, pero esta vez lo hacía de la mano del taxi, convertida en una plataforma más de la docena que ya trabajan en el AMB. Élite Taxi, temerosa de que fuera el primer paso de un desembarco mucho mayor, se movilizó para evitar que los chóferes se sumaran al proyecto. Cómo se les convenció, porque son cuatro gatos los que trabajan con la ‘app’, es lo que está ahora sobre la mesa. Según Uber, coacción y amenazas. Según Álvarez, libertad de expresión.

Multa de mucho cuidado

Susanna Grau, responsable del área de instrucción de expedientes de la Acco, señala que ahora se abre un plazo de 18 meses en los que se intentará aclarar la situación. Pero el hecho de que se haya abierto el expediente, sostiene, indica que como mínimo «existen indicios» de prácticas que van contra la libre competencia. En este año y medio tratarán de recabar toda la información de ambas partes, y también de la Administración, y si finalmente se da la razón a Uber, la sanción puede ser cuantiosa. Si la infracción es grave, sería el 5% del volumen de negocio de las asociaciones denunciadas (y de sus asociados). Si es muy grave, el porcentaje asciende al 10%. En cualquier caso, la multa la pagarían las entidades, no los socios. Lo que se recaudara iría a las arcas de la Generalitat, no a Uber. Lo que podría hacer la multinacional, con el fallo favorable de la Acco, si se da el caso, es iniciar la vía civil en los juzgados, lugar en el que podría reclamar daños y perjuicios. Élite, por su parte, si la resolución le es contraria, podría recurrir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Los taxistas, detenidos en Reina Maria Cristina, antes de iniciar una marcha lenta, el pasado mayo
/LAURA GUERRERO

Álvarez, en declaraciones a este diario, apela a la «libertad de expresión» y avanza que la semana que viene celebrarán asambleas para decidir qué pasos hay que seguir a partir de ahora. «Cada taxista elige libremente con quién quiere trabajar, y si Uber, después de siete años de acoso a los compañeros de todo el mundo, dice ahora que cuatro taxistas les están parando, que baje un juez y lo vea«. En resumidas cuentas: «No nos van a callar«.

Sin prejuicios

En su comunicado, la Acco, que en febrero de 2019 se posicionó en contra del decreto del Govern que regulaba las VTC, explica que la incoación del expediente «en ningún caso prejuzga la resolución final«. Su labor, defiende, se limita a «exponer los aspectos fundamentales del asunto y no comporta toma de posición» por su parte. «Ni sobre los hechos señalados ni sobre la responsabilidad, ni siquiera provisional, de las entidades presuntamente infractoras«, concluye el documento./El Peridico de Cataluña

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