El anteproyecto de ley denominado como ‘ómnibus’ presentado por el Ejecutivo popular el 23 de diciembre y sin apenas plazo para debatir en sede parlamentaria sigue levantando críticas, esta vez, en el sector del taxi

Por Alba González.

A última hora del pasado 23 de diciembre Isabel Díaz Ayuso presentaba un anteproyecto de ley que registraba la modificación de un total de 33 normas y cinco decretos: la denominada como ‘ómnibus’, una normativa que afecta de manera integral a la Administración Pública y que, bajo el amparo de las fiestas navideñas y la paralización de la actividad parlamentaria por los días festivos, tan solo ha podido ser cuestionada por los grupos políticos hasta el pasado 3 de enero.

El proceso, calificado por partidos de la oposición como un “nuevo ejercicio de desprecio a los derechos de los ciudadanos” llevado a cabo de forma “opaca”, ha puesto en alerta a múltiples colectivos, desde sanitarios hasta el sector del taxi.

El texto, que previsiblemente será aprobado gracias al apoyo de Vox, refleja en el capítulo I de su título IV una modificación de la Ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, por la que pasará a reconocer la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) como una “actividad de arrendamiento” con “consideración de transporte público discrecional de viajeros”, cuyos precios, a diferencia del taxi, “no estarán sujetos a tarifas autorizadas”.

Un jarro de agua fría para el sector, que ya ha emprendido acciones legales ante lo que, dicen, supone un “incumplimiento” por parte del Partido Popular de su “promesa” de “no regular” las VTC. “Con esta publicación, un 23 de diciembre a última hora y por la puerta de atrás, la CAM y el gobierno del Partido Popular incumple la promesa que trasladó al sector del taxi tras las movilizaciones de 2019 de no regular las VTC”, ha declarado Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM).

Un hecho que, debido al carácter “encubierto” y que se lleva a cabo “sin comunicar”, les hace sospechar de la existencia de “vínculos o intereses particulares del partido de gobierno con los especuladores”, refiriendo aquí a las empresas que acumulan cientos de licencias VTC, anteponiendo “sus intereses” a las “más de 20.000 familias” que dependen de un servicio público como es el taxi.

Por ello, exigirán a la autonomía indemnizaciones por más de 2.500 millones de euros por los “daños” derivados de la modificación de legislación en materia de transportes. Algo que, por lo pronto, avala el Tribunal Supremo, que contempla el derecho a la indemnización “para resarcir los daños de actuaciones legislativas”.

“Ahora con la ley Omnibus [Isabel Díaz Ayuso] regula las VTC en una apuesta por empresas que explotan a los trabajadores y no pagan impuestos aquí”, se ha pronunciado al respecto Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en el consistorio madrileño. “Ese es su modelo, el de trabajadores sin derechos”./LUHnoticias.es

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